1. Fase de Instrucción

1.1. Inicio de las Diligencias Previas

Cuando un conductor es detenido por superar la tasa de alcohol permitida, se abre la fase de instrucción mediante las diligencias previas.

Esta fase es iniciada por el juez de instrucción del juzgado correspondiente y tiene como objetivo reunir todas las pruebas necesarias para determinar si se ha cometido un delito y, en su caso, establecer la identidad del responsable.

Las diligencias previas incluyen la recopilación de pruebas objetivas, como el informe del etilómetro, la diligencia de síntomas realizada por la policía, y cualquier otra prueba que pueda ser relevante, como las declaraciones de testigos, el análisis del estado de los vehículos involucrados, y los posibles daños materiales y personales ocasionados.

1.2. Citación del Investigado

El conductor, ahora en calidad de investigado (anteriormente conocido como imputado), será citado a declarar ante el juez de instrucción.

Durante esta declaración, el investigado tiene el derecho de estar asistido por un abogado, quien le orientará sobre cómo proceder, incluyendo el derecho a no declarar o a no responder a determinadas preguntas.

En esta etapa, el juez también puede decidir imponer medidas cautelares si considera que existe un riesgo significativo de que el investigado pueda eludir la acción de la justicia, reincidir o destruir pruebas.

Estas medidas pueden incluir la retirada del carnet de conducir, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, o incluso la prisión provisional en casos extremos.

1.3. Evaluación de Pruebas y Testimonios

El juez de instrucción evaluará todas las pruebas presentadas y los testimonios recabados para determinar si existen indicios suficientes de que se ha cometido un delito de alcoholemia.

Las pruebas clave suelen incluir el resultado del test de alcoholemia, que debe haber sido realizado con un etilómetro debidamente calibrado y siguiendo el protocolo establecido.

En esta etapa, también es común que se solicite un análisis de sangre como prueba de contraste si el investigado lo solicita, lo cual es un derecho que tiene el acusado.

Esta prueba puede confirmar o refutar los resultados del etilómetro y es fundamental para asegurar que la prueba de alcoholemia sea lo más precisa posible.

1.4. Informe del Fiscal

El Ministerio Fiscal tiene un papel activo en la fase de instrucción, ya que puede solicitar la práctica de determinadas pruebas o diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Una vez concluidas las diligencias previas, el fiscal emitirá un informe en el que podrá solicitar el sobreseimiento del caso si considera que no hay pruebas suficientes, o bien, la apertura de juicio oral si estima que existen indicios sólidos de criminalidad.

2. Posible Juicio Rápido

2.1. Procedimiento de Juicio Rápido

En los casos de delitos de alcoholemia, es común que se tramite un juicio rápido por alcoholemia. Este tipo de procedimiento se aplica cuando el delito es flagrante, es decir, cuando el conductor es detenido inmediatamente después de cometer la infracción y no se requiere una investigación compleja.

El juicio rápido permite acelerar el proceso penal, celebrándose el juicio en un plazo de 24 a 72 horas desde la detención, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

El juicio rápido tiene la ventaja de reducir significativamente los tiempos de espera para el acusado y para el sistema judicial, pero también impone un ritmo rápido en la toma de decisiones, lo que puede ser un reto para la defensa.

2.2. Conformidad

Uno de los aspectos más destacados del juicio rápido es la posibilidad de que el acusado se acoja a la conformidad. La conformidad es un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía en el que el primero reconoce los hechos y acepta la condena propuesta, generalmente con una reducción de un tercio de la pena.

La conformidad puede ser una estrategia beneficiosa para el acusado en casos donde la evidencia es abrumadora, ya que permite evitar un juicio más largo y costoso, además de obtener una pena menor. Sin embargo, esta decisión debe tomarse con plena consciencia de las implicaciones legales y de manera informada, bajo el consejo de un abogado especializado.

2.3. Consecuencias de No Reconocer los Hechos

Si el acusado decide no reconocer los hechos y no se acoge a la conformidad, el caso seguirá adelante y se celebrará un juicio oral, donde se presentarán todas las pruebas y testimonios ante el juez. En este caso, el proceso penal será más largo y complejo, y el acusado corre el riesgo de recibir la pena máxima si es declarado culpable.

El juicio oral ofrece la posibilidad de presentar una defensa más completa, incluyendo la impugnación de las pruebas de la acusación, la presentación de pruebas a favor del acusado, y la posibilidad de cuestionar la legalidad de las pruebas recogidas durante la fase de instrucción.

3. Consecuencias de No Reconocer los Hechos

3.1. Desarrollo del Juicio Oral

Cuando el acusado decide no conformarse, el caso procede a un juicio oral. Este juicio será más exhaustivo y permitirá a ambas partes, la acusación y la defensa, exponer sus argumentos de manera más detallada.

Durante el juicio, la defensa puede intentar desacreditar las pruebas presentadas por la acusación, como el resultado del etilómetro, alegando posibles errores en el procedimiento o problemas con la calibración del dispositivo. También puede cuestionar la validez de la diligencia de síntomas, argumentando que los signos de embriaguez observados por la policía podrían deberse a otros factores.

3.2. Valoración de la Prueba y Sentencia

El juez o tribunal valorará todas las pruebas y testimonios presentados durante el juicio para emitir una sentencia.

Si se determina que el acusado es culpable, se impondrá la pena correspondiente, que puede incluir prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del carnet de conducir.

Es importante destacar que, si el acusado no se conforma y es declarado culpable en el juicio oral, la pena impuesta no contará con la reducción que hubiera obtenido en caso de haberse acogido a la conformidad. Además, la decisión de no conformarse puede ser interpretada por el tribunal como una falta de arrepentimiento, lo que puede influir negativamente en la sentencia.

3.3. Posibilidad de Recursos

En caso de una sentencia condenatoria, el acusado tiene derecho a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Este recurso se basa en la revisión de los aspectos legales y procedimentales del juicio, más que en una nueva valoración de los hechos probados.

Si el recurso de apelación no es favorable, existe la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque este recurso se limita a cuestiones de interpretación jurídica y no a la valoración de pruebas.

3.4. Costes y Duración del Proceso

No acogerse a la conformidad y proceder a un juicio oral implica un proceso más largo y costoso.

Además de los costes económicos asociados, el acusado también debe considerar el impacto personal y emocional de un proceso judicial prolongado. Los riesgos de una condena más severa en caso de ser declarado culpable también son mayores.

4. Estrategias de Defensa

4.1. Cuestionamiento de las Pruebas

Una estrategia clave en la defensa de un delito de alcoholemia es el cuestionamiento de las pruebas de la acusación.

La defensa puede argumentar que el etilómetro no fue calibrado correctamente o que la prueba no se realizó siguiendo los protocolos establecidos.

También puede impugnar la diligencia de síntomas, alegando que los signos de embriaguez observados por la policía podrían tener otras causas.

4.2. Prueba de Contraste

El investigado tiene derecho a solicitar una prueba de contraste mediante un análisis de sangre.

Esta prueba puede ser fundamental para cuestionar los resultados del etilómetro, ya que proporciona una medición más precisa de la concentración de alcohol en el organismo.

La defensa puede utilizar los resultados de esta prueba para argumentar que la tasa de alcoholemia no era tan elevada como se indicó inicialmente.

4.3. Negociación con la Fiscalía

En muchos casos, la defensa puede optar por negociar con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo de conformidad.

Esta estrategia puede ser especialmente útil si la evidencia en contra del acusado es sólida y las posibilidades de obtener una absolución son bajas. Negociar una pena reducida puede ser la mejor opción para minimizar las consecuencias legales.