Es claro que la ley trata de proteger, aún más, a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social o económica, pero eso no justifica que procesalmente se complique un juicio que debe ser sencillo y rápido pues lo que consigue es dilatar aún más la recuperación de la posesión de la vivienda por su legítimo dueño.

Lo que se va a conseguir esta ley, según nuestra humilde opinión es el efecto contrario que persigue la ley, es decir, habrá menos oferta de vivienda en alquiler, porque estigmatiza a los propietarios y es otra prueba más de que no todos somos iguales ante la ley.

No puede imponerse un gravamen a una persona a la hora de desalojar a un inquilino moroso, por el hecho de tener más de 10 propiedades. Es algo aberrante, injusto y populista.

Si un ciudadano tiene 10 pisos, como si tiene 100, no tiene que ser un obstáculo para pedir un auxilio judicial ¿o acaso por ello tiene menos derecho a echar a un inquilino que no le paga la renta?