Este delito se ha retocado en el año 2.015, donde se reformó la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo para modificar la LO 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal.

El miedo a las masas, surgido por las crisis económicas hace que el legislador quiera castigar a aquellos que se revelen contra el sistema establecido.

Parece ser que de lo que se trata es de garantizar el orden público, y que todo el mundo tenga que acatar, le guste o no, las imposiciones de los de «arriba».

El miedo a que la gente salga a la calle ha hecho que se castigue más duramente este delito, un pueblo desprotegido por sus propias leyes, lo hace más manso, más manejable, más débil.

El tribunal supremo ya calificó el orden o la paz pública como el «conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia, permitiendo el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas».

Pero no solo se penaliza a quien «se pasa de la raya» con sus acciones, sino también, a aquel que las consiente, es decir, a los propios policías, si no hacen nada por evitar los tumultos.

Podemos imaginar por ejemplo las votaciones sobre el Referendum de Cataluña, o un desahucio de una persona vulnerable, o, el mayor de los problemas, que la gente se plante en el congreso de los diputados.