Hace ya muchos años, se publicó una ley que permitía a los cuerpos de policía entrar en un domicilio sin autorización judicial cuando tenían sospechas de un delito de narcotráfico.

Pero el Tribunal Constitucional la tumbó con el argumento de que atentaba contra una norma básica de la Constitución Española, concretamente el artículo 18.2 que declara la inviolabilidad del domicilio.

Pasado el tiempo hemos llegado a una situación en la que un okupa puede entrar en casa ajena, sin permiso y con violencia y parece que a los poderes públicos eso no les genera ninguna inquietud.

En otras palabras, pasamos en su día a impedir que la policía entre en una vivienda para impedir un delito a poner una alfombra roja a los delincuentes para que cometan otro. Es un sin sentido total y absoluto.

La impunidad que tienen los okupas en España es de tal calibre que muchos ciudadanos propietarios  cuestionan seriamente la utilidad de nuestros servidores públicos. No es una afirmación gratuita, simplemente es el «sentir» general de nuestros clientes, que están hartos de encontrarse desprotegidos e indefensos.